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Con las palabras de apertura de la Senadora Mirtha Vergara de Franco, Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social y de la Diputada Rocío González, Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, se dio apertura al panel debate "La opción sexual como derecho humano", realizado en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados. Esta actividad -organizada por el Grupo de Trabajo de Organizaciones de Derechos Humanos, con el apoyo de las instituciones firmantes del Convenio Por la No Discriminación (Comisión de Equidad, Género y Desarrollo Social de Senadores, Comisión de Equidad Social y Género de Diputados, CDE y el UNFPA)- tuvo por objetivo promover el debate sobre este aspecto específico, en el marco de un proceso de trabajo en torno a la consecución de un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación.
"Nuestro objetivo en el marco de este convenio -expresó la Senadora Vergara de Franco- es coordinar acciones conjuntas para movilizar apoyos y enriquecer el proceso de análisis que concluya en la reglamentación del artículo 46 de la Constitución Nacional. Para esto llevaremos adelante foros de debate en cinco zonas geográficas del país, a fin de insertar en la agenda pública el desafío de lucha contra la discriminación".
En el mismo tenor, la Diputada González remarcó que "este Congreso debe estar abierto para escuchar las inquietudes de toda la ciudadanía" y que por ello se ha hecho eco de esta actividad.
La Diputada Rosa Merlo, Presidenta de la Comisión de Equidad Social y Género, tuvo a su cargo la presentación del panel y de las personas participantes del mismo: Line Bareiro, Directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE); Rosa Posa Guinea, voluntaria de NNUU e integrante de Aireana-Grupo por los Derechos de las Lesbianas; Ana Elena Obando, abogada especialista en género y DDHH; y Hugo Valiente, abogado e integrante del CDE.
Bareiro se refirió a "La discriminación en Paraguay", enfatizando que el proceso no será tan sencillo como tan solo reglamentar el artículo 46 y contar con una ley, sino que debemos identificar a través del debate social qué es discriminación y qué no. "Necesitamos una masa crítica en Asunción y en el interior del país y un Estado comprometido en remover la discriminación", que muchas veces ni siquiera es intencional y que por ello, según la panelista, es importante desnaturalizarla y desarrollar instrumentos y mecanismos que nos permitan sensibilizar a las personas sobre esta situación.
Posteriormente, Posa expuso sobre "Discriminación por homosexualidad" e hizo una reseña histórica de cómo las sociedades se han comportado en torno a las orientaciones sexuales de las personas y el legado que han dejado estas construcciones sociales: la homo-lesbo fobia y cómo esta actitud se basa en un sentido de superioridad, de deshumanización y de doble moral. "Hacia adentro nosotras mismas traducimos esta realidad en interiorización, sentirnos y concebirnos a nosotras mismas como diferentes y ocultarnos", sostuvo.
Obando se refirió a "La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la resolución sobre orientación sexual" y remarcó que si bien este año hubo una postergación del tratamiento de la misma, se logró un consenso político histórico puesto que no existieron pedidos a la no acción en torno a la misma. Como inquietud dejó planteada la posibilidad de que en una eventual ley antidiscriminatoria "se incorpore la posibilidad de tratar las violaciones a los derechos humanos no sólo bajo los principios de la universalidad, integralidad e indivisibilidad, sino también bajo las múltiples discriminaciones que simultáneamente vivimos los seres humanos".
Por su parte, Valiente se mostró pesimista en cuanto a conseguir que la opción sexual sea incorporada en un proyecto de ley contra la discriminación. "Considero que tanto la sociedad como la clase política harán inviable esta posibilidad. Sin embargo, sí creo posible en el plazo inmediato adoptar nuevas medidas que incorporen la intervención del Estado en este tema", añadió y propuso la necesidad de contar con una instancia -tal vez en el mismo Parlamento- receptora de denuncias y una ruta de atención en este tema, "garantizando la confidencialidad y privacidad de los datos de las personas denunciantes".
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