Con el objetivo promover la aplicación de medidas necesarias para asegurar la cobertura, calidad y oportunidad de los datos referidos a las personas con discapacidad que serán recolectados para el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, se llevó a cabo hoy viernes 29 de mayo en el salón de Naciones Unidas, la firma de un convenio interinstitucional de trabajo, denominado “Censo 2012, porque las personas con discapacidad también cuentan”. El mismo fue suscrito por el Ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Hugo Roig, la Ministra de la Secretaría de la Función Pública, Lilian Soto, la Encargada de Despacho de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), Elizabeth Barrios, la Coordinadora del Departamento Académico y de Investigación del Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales (INPRO), Zulma Ferreira, y el Director de la Fundación Saraki, Raúl Montiel. Se contó, además, con la participación de la Representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Manuelita Escobar, ya que esta actividad enmarcada en las acciones preparatorias al Censo 2012 cuenta con el apoyo de esta agencia de cooperación.

“Paraguay lleva a cabo censos nacionales de población y vivienda desde 1950, este es un logro nacional muy importante que se debe destacar teniendo en cuenta el inmenso esfuerzo que conlleva su realización. El censo tal vez sea el único instrumento de medición universal con el que cuenta el país y los datos que arroja son utilizados constantemente”, expresó Escobar, a la par de remarcar el desafío fundamental que significa que converjan las diversas temáticas y sectores.

¿Cómo dar a cada sector el espacio pertinente para que, por una parte la información relevada sea técnicamente válida, y por otra, el sector en cuestión se sienta debidamente representado?, se preguntó Escobar y dijo que “la respuesta a esta pregunta se da en la construcción de procesos participativos de puesta a punto del instrumento y del aparato censal (recursos humanos, tecnológicos, etc.) que involucren a los actores interesados, en otras palabras, la firma de este convenio es un ejemplo a seguir”, subrayó.

Para el Ministro Roig, este tipo de acciones conjuntas son clave a fin de obtener información fidedigna “que nos permita tomar las decisiones correctas y adecuadas para la formulación posterior de políticas públicas y para que la ciudadanía organizada pueda sentirse representada”. Estimó que este convenio es un paso fundamental y que el trabajar articuladamente, Estado y sociedad civil, se pueden obtener mejores resultados para el beneficio de toda la población.

“Cuando comenzamos en el 2008 a recabar información sobre las personas con discapacidad que trabajan en el sector público vimos que era menos del 1%, siendo que por ley se debería contar como mínimo con un 5%. La importancia de los datos es clave, pues sin ellos no podemos tomar las decisiones correctas. Así lo fue en ese momento para hacer efectiva una ley que teníamos hace bastante tiempo”, comentó la Ministra Soto, a la par de manifestar que “la apuesta de este gobierno a la igualdad es seria y sostenida, y sabemos que la igualdad en resultados concretos para la población es solo posible con un trabajo colaborativo entre gobierno y sociedad civil”.

Barrios explicó técnicamente los nuevos desafíos del Censo 2012, como ser el uso de nuevas tecnologías para la recolección de información; el pasar de un censo de hecho a uno de derecho, lo que conllevará el periodo de recolección sea de 4 a 6 semanas; y el que hace propiamente a esta actividad, es decir la incorporación de temas emergentes, como ser discapacidad, emigración, inmigración, entre otros.

Para Ferreira el desafío será obtener datos fidedignos, ya que la brecha entre el 1% de personas con discapacidad reflejadas en el Censo 2002 y la realidad es substancial. “Estudios de la JICA, realizados en el 2009, indicaban en tres departamentos (Caazapá, Caaguazú y Guairá) había un 20% de población con discapacidad; en tanto que el 2010, una experiencia similar realizada en 7 municipios del departamento Central dio por resultados que el porcentaje de personas con discapacidad oscilaba entre el 15% y 20%. O sea, al menos 900.000 personas con discapacidad hoy cuentan con las condiciones mínimas para ejercer sus derechos”, recalcó.

Montiel explicó brevemente las líneas principales referidas al Convenio y posteriormente se pasó a la firma del mismo. Indicó que se llevará a cabo una serie de actividades relacionadas a capacitación del equipo técnico de la DGEEC, de las personas censistas y de jefes y jefas departamentales; así como la producción de materiales informativos y de sensibilización y de una campaña para medios de prensa escrita, radial, televisiva y comunitaria.

Finalmente, se desarrollo un debate con los y las participantes, quienes en su mayoría formaban parte de organizaciones de la sociedad civil y del Estado que trabajan en la temática de discapacidad.